Ante el aumento de denuncias ciudadanas sobre incidentes de pinchazos en el transporte público, el Gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) intensifican sus acciones de vigilancia, atención e investigación para frenar esta preocupante conducta.
Desde los primeros reportes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un operativo con 5 mil 800 elementos enfocados principalmente en estaciones del Metro y otros sistemas de transporte público, reforzando así la seguridad y la presencia policial.
Por su parte, la FGJCDMX ha mantenido abiertas las líneas de investigación. En conferencia de prensa celebrada este martes, encabezada por la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, la fiscal Bertha Alcalde Luján informó que hasta la fecha se han recibido 65 denuncias confirmadas con evidencias de posibles punciones. Sin embargo, aclaró que en otros 55 casos no se hallaron indicios médicos concluyentes y algunos reportes mostraron lesiones dudosas.
A pesar del creciente número de reportes, Alcalde Luján subrayó que no se han vinculado estos casos con delitos graves como secuestro o agresiones sexuales. Sólo en seis casos hubo reportes de posibles robos, y hasta ahora, se mantienen tres detenciones como parte de las investigaciones.
Respecto al uso de sustancias en algunos de los eventos, la fiscal detalló que los análisis toxicológicos han detectado la presencia de THC, benzodiacepinas, fenciclidina y cocaína, aunque las concentraciones registradas no representan un riesgo grave para la salud de las víctimas.
Además del operativo policial, se activó un protocolo de atención inmediata que contempla asistencia médica, aplicación de pruebas toxicológicas y seguimiento psicológico para quienes reporten haber sido víctimas de estos pinchazos.
En una medida legislativa paralela, la Jefa de Gobierno envió al Congreso capitalino una iniciativa para tipificar el delito de pinchazos, con sanciones de hasta cinco años de prisión y multas económicas, especialmente si se comprueba el uso de sustancias psicoactivas que alteren el estado de conciencia de las personas agredidas.
“No vamos a minimizar los reportes. Estamos actuando con responsabilidad, protegiendo a la ciudadanía y persiguiendo cualquier conducta que atente contra la seguridad en espacios públicos”, afirmó Brugada.
Con este enfoque integral, las autoridades capitalinas buscan frenar una práctica que ha generado inquietud en la población usuaria del transporte público, garantizando su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos.
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