CDMX a 18 de junio, 2025.- El Senado de la República desmintió este 17 de junio de 2025 las acusaciones difundidas por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que señalaban supuesta opacidad en los contratos firmados entre 2018 y 2024. A través de una nota aclaratoria, la Cámara Alta aseguró que toda la información reportada por MCCI proviene precisamente de fuentes públicas, disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), lo cual desmiente cualquier falta de acceso a los datos.
Según el comunicado del Senado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) otorgó cada año una calificación del 100% en cumplimiento de obligaciones de transparencia durante el periodo mencionado.
En su informe, MCCI señaló que el Senado había realizado más de 31 mil contratos y que el 90% se habían otorgado por adjudicación directa. Sin embargo, la institución legislativa explicó que MCCI mezcló tipos de contratos que tienen naturalezas jurídicas distintas, incluyendo honorarios, convenios y contratos de comunicación social, los cuales no deben contabilizarse como contratos sujetos a licitación pública, pues no están regulados por la Ley de Adquisiciones.
“El número real de contratos sujetos a dicha Ley fue de 4,471 —un promedio de 745 por año, o dos por día— y no los 15 contratos diarios que menciona el informe”, aclaró el Senado.
Asimismo, se detalló que de esos contratos, el 62% del gasto (equivalente a 3 mil 730 millones de pesos) fue ejercido mediante licitaciones públicas, lo que contrasta con la narrativa de asignaciones directas generalizadas. El gasto total durante el sexenio en contratos de obra, bienes y servicios fue de 5 mil 985 millones de pesos, muy por debajo de los 17 mil 860 millones que MCCI presentó en su informe.
El Senado también recalcó que, además de los ejercicios de fiscalización regulares por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cada año solicitó auditorías específicas a sus contratos. Todas las observaciones de los ejercicios 2018-2023 quedaron solventadas y las correspondientes a 2024 están en curso.
En resumen:
- El Senado argumenta que MCCI partió de datos públicos y verificables, pero los interpretó de forma incorrecta.
- Se mezclaron contratos de naturaleza distinta, como honorarios, que no deben incluirse como contrataciones públicas.
- La mayoría del gasto se realizó por licitación pública, no por adjudicación directa.
- Las auditorías de la ASF no arrojaron irregularidades graves en el periodo.
Este choque entre el Senado y MCCI vuelve a encender el debate sobre el uso de los datos públicos y su correcta interpretación, así como la forma en que se comunica al público la gestión de los recursos públicos.
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